CAUDALES PÚBLICOS Y BOLSILLOS PRIVADOS (2007)

El sabio Manú hace veintidós siglos recomendaba al rey que hiciese morir a los que se apropiasen de sus tesoros. La misma pena estableció el Rey Sabio en las Partidas. Ahora que se está investigando una posible derivación de pagos destinados a satisfacer impuestos forales bajo una legislación más permisiva que la del Código de Manú o la de Alfonso X, quizá convenga resumir la jurisprudencia recaída en torno al 432 del Código Penal vigente. Nuestros tribunales exigen para la apreciación del delito de malversación de caudales públicos o peculado los elementos siguientes: a) condición de autoridad o funcionario del autor en el momento de producirse los hechos; b) el objeto del delito debe ser necesariamente "caudales o efectos públicos" esto es bienes susceptibles de embargo y que representen un valor; c) la acción comisiva delictiva ha de consistir en la sustracción o en el consentimiento de que otro sustraiga, o sea que pasen de su destino en la Administración a satisfacer la codicia particular del agente; d) la existencia de "ánimo de lucro", requisito expresamente exigido por el tipo y que debe ser entendida en un sentido amplio tal como es apreciado en otros delitos patrimoniales como los hurtos, estafas o robos y e) en tal delito sólo es posible la comisión dolosa pues es impensable que con mera culpa el empleado público distraiga los fondos que de una u otra manera le ha confiado la Administración. Pero siempre hay que llegar a la certeza de los hechos después de un proceso judicial en el que se reúnan las pruebas que destruyan, más allá de toda duda razonable, la presunción de inocencia del acusado.